«Desde el ICAB seguiremos reivindicando el aumento de módulos del Turno de Oficio en materia de Segunda Oportunidad y en las actuaciones de oficio»

EDITADO EN:  AJA Nº 982 – 24 de febrero de 2022

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«Hay un antes y un después en el Colegio fruto del liderazgo y la aportación de nuestra decana emérita Maria Eugènia Gay», declara el colegiado del ICAB

Jesús muestra su preocupación dado que considera que en el proyecto de reforma concursal se aprovecha la transposición para introducir cambios que en algún caso son directamente contrarios a lo establecido en la Directiva.

Jesús M. Sánchez es colegiado del ICAB desde 1983 y abogado especialista en Derecho civil, financiero y de consumo y Derecho comunitario de consumo. Asimismo, ha ejercido como profesor de la Escola de Pràctica Jurídica y de varios másteres del ICAB, así como de docente en la Universitat Abat Oliba y en la Universitat Oberta de Catalunya (UAB). El colegiado 12.784 asume el resto de mandato de su antecesora, Mª Eugènia Gay, nombrada recientemente delegada del Gobierno en Cataluña.

Además del colegiado 12.784 del ICAB, ¿quién es Jesús M. Sánchez García?

En primer lugar, un abogado. Un apasionado del Derecho y la Justicia que, siempre desde la humildad y la vocación, intento contribuir a la mejora y al progreso de nuestra profesión. Estoy vinculado a mi colegio en defensa de la profesión desde el año 2000, cuando ya era miembro de la Comisión de Relaciones con las Administraciones y la Justicia. Además, soy un hombre que, en lo privado, disfruta de una interesante lectura, una larga conversación con amigos y, lo confieso, de buenos pasos de baile siempre que se da la ocasión.

 

En su carta de presentación a los miembros del Colegio ICAB, considera que la tarea llevada a cabo por la decana Mª Eugènia Gay y la Junta de Gobierno en pro de la abogacía barcelonesa ha sido muy destacada

Hay un antes y un después en el Colegio fruto del liderazgo y la aportación de nuestra decana emérita Maria Eugènia Gay. Bajo su mandato el ICAB ha conseguido un nivel de proyección, modernización e internacionalización del que estamos muy orgullosos. Todos nuestros decanos y decanas eméritos han mejorado nuestra Corporación; Maria Eugènia Gay lo ha hecho de un modo muy destacado y su ejemplo y legado nos guiarán a los que ahora tenemos el reto de gobernar esta centenaria institución.

Su voluntad consiste en poder darle continuidad, siempre mejorando en todos aquellos ámbitos y actuaciones en los que el ICAB pueda progresar todavía más. ¿Qué retos se marca?

El ICAB es un referente en formación y queremos seguir progresando en este ámbito. Mediante el recientemente fundado Institut I+Dret, impulsaremos la innovación e investigación jurídicas, así como el diálogo con el legislador y el conjunto de instituciones y administraciones para reforzar nuestro Estado de derecho y social. Además, la Junta de Gobierno que tengo el honor de encabezar tiene muy claro que tenemos margen de mejora en la prestación del conjunto de servicios colegiales que ofrecemos en el ICAB y en nuestras delegaciones. Este debe ser el mandato en el que seamos capaces de conseguir que cada vez más y más compañeros y compañeras disfruten y participen de la vida colegial de una manera regular y provechosa.

¿Los tres pilares de un colegio como el ICAB deben ser que mantenga su carácter referente, independiente y profesional?

Exactamente. Somos un colegio profesional que aglutina a 25.000 personas colegiadas, cada una de ellas con sus propias ideas sobre nuestra profesión y la sociedad que nos rodea. Por ello, nuestra obligación como Junta de Gobierno es garantizar el carácter independiente del colegio y trabajar para que consolide su condición de referente en la defensa de la igualdad de oportunidades, la paz social y el derecho de defensa.

Una de sus inquietudes es la de mejorar algunas normas, como el Anteproyecto de la Ley de Eficiencia Procesal o el proyecto de reforma concursal. ¿Podría ahondar en su idea?

Las normas deben responder siempre a la necesidad de solventar los problemas de la sociedad y consolidar la seguridad jurídica. Por ello, desde el ICAB llevamos muchos años realizando propuestas de mejora de leyes existentes o futuras bajo el prisma de que es el Estado quien debe servir a las personas y no las personas al Estado.

El proyecto de reforma concursal es bueno en líneas generales porque supone la transposición de la directiva europea. Lo que nos preocupa es que se aprovecha la transposición para introducir cambios que en algún caso son directamente contrarios a lo establecido en la Directiva y que pueden perjudicar de forma grave a las personas insolventes. Se introducen nuevas restricciones al acceso a la segunda oportunidad, se pretende evitar la exoneración del crédito público y, lo que es más relevante, se pretende restringir el derecho a la tutela judicial efectiva evitando que la intervención de abogado y procurador sea preceptiva en el procedimiento especial para las microempresas, un concepto que incluye a sociedades y personas físicas empresarias. También nos preocupa el nuevo enfoque del Proyecto sobre la figura de la Administración Concursal. Todos ellos son errores graves que vulneran el derecho a la segunda oportunidad y que confiamos que los grupos parlamentarios corrijan en el actual proceso legislativo.

«En relación con el anteproyecto de ley de Eficiencia procesal

Hay que destacar que propone una reforma integral de la justicia civil y que no se puede entender si no es de forma coordinada con los Anteproyectos de ley de medidas de eficiencia digital del Servicio Público de Justicia y el de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia. En ellos se pretende actualizar la justicia civil a las TICS. Desde el ICAB estamos trabajando en proponer unas mejoras técnicas al proyecto. Debo destacar que en los Anteproyectos se plantean reformas reclamadas por todos los colectivos jurídicos desde hace tiempo, como la especialización judicial en materia de familia o la supresión del Recurso por Infracción Procesal. Sin embargo, hay otras que nos genera dudas como la extensión de los MASC a todo tipo de proceso civil o la regulación del pleito testigo. Nuestra preocupación respecto del primero es que se convierta en una mera formalidad como sucedió con la conciliación previa obligatoria en la LEC de 1881 y del segundo que sea ineficaz como lo son actualmente los procesos colectivos.

Debemos advertir que es necesario que la Ley aborde la adaptación de las regulaciones actuales de los procedimientos jurisdiccionales a las nuevas tecnologías. No se debe seguir manteniendo una política legislativa de soluciones puntuales para incorporar aspectos tecnológicos de determinados trámites procesales, sino que es el momento de plantear la necesidad de que los procesos judiciales, en general, pasen a tener una regulación general que contemple la perspectiva telemática y tecnológica.

Usted puso en marcha un Turno de Oficio relacionado con la Ley de Segunda Oportunidad. ¿Cómo valora su situación actual?

Este turno, que la Junta de Gobierno puso en marcha en julio de 2021, es un ejemplo paradigmático de que contamos con una Abogacía atenta a las necesidades de la sociedad, en ejercicio de su función social. A fecha de hoy, ya hay inscritas en dicho turno 102 personas colegiadas. Son excelentes profesionales, que cuentan con formación especializada y que prestan este servicio público para asesorar a las personas en un momento difícil de sus vidas y acompañarlas en un procedimiento judicial que debe suponer una solución a su situación de insolvencia. En el primer medio año operando, se realizaron 256 designas para personas insolventes y solo en este pasado mes de enero el número fue de 51. No son meros números, tras estas cifras se esconden historias humanas y grandes dificultades de familias de nuestro entorno, lo que demuestra que el turno era necesario, que está dando resultados y que está impulsando todavía más el mecanismo de la Segunda Oportunidad en nuestra cultura jurídica, económica y social.

¿Desde el ICAB se seguirá reivindicando un mayor porcentaje de los módulos del Turno de Oficio para dignificar el mismo?

Sin ninguna duda. Los abogados y abogadas adscritos al Turno son profesionales plenamente capacitados. Los módulos de retribución deben ser dignos y deben corresponder a la complejidad del ejercicio de nuestra profesión en la defensa de los derechos de la ciudadanía. La remuneración debe ser acorde tanto con su profesionalidad como por la realidad de los honorarios que se perciben cuando ese mismo abogado o abogada ejerce en procedimientos no derivados del Turno de Oficio. Así las cosas, desde el ICAB continuaremos reivindicando el aumento de módulos del Turno, no solo en materia de Segunda Oportunidad, sino en todas las actuaciones de oficio.