Autor: Jesús Sánchez García
Publicado en: vLex
Fecha: 19/11/2026
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Introducción
La exoneración del pasivo insatisfecho plantea dos preguntas jurídicamente distintas.
La primera es si una persona natural reúne las condiciones para acceder a la exoneración: las causas que pueden impedirlo se encuentran, principalmente, en el artículo 487 del texto refundido de la Ley Concursal (TRLC).
La segunda, que solo se plantea una vez superada la primera, es qué deudas quedan exoneradas y en qué medida: su punto de partida es el artículo 489 del TRLC.
La diferencia es decisiva cuando existen créditos de Derecho público. Que una parte de esos créditos no se exonere no significa, por sí solo, que el deudor carezca del derecho a solicitar y obtener la exoneración de sus restantes deudas.
La Directiva (UE) 2019/1023 (Directiva 2019/1023) persigue que los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento capaz de desembocar en la plena exoneración de deudas, pero permite, con los requisitos de su artículo 23, excepciones nacionales tanto en el acceso como respecto de determinadas categorías de créditos.
En España, la Ley 16/2022, de 5 de septiembre (Ley 16/2022), reformó el TRLC para transponer la Directiva 2019/1023. La cuestión no se resuelve, por tanto, preguntando en abstracto si el crédito público es o no exonerable. Hay que identificar el régimen temporal aplicable, la causa concreta de exclusión que se invoca, la clasificación del crédito y el alcance de la justificación de cada límite.
El presente artículo forma parte de la ponencia impartida en el III Congreso Nacional de Segunda Oportunidad, organizado por el ICAM, sobre «proporcionalidad, efectividad y primacía del Derecho europeo en los concursos de persona física».
Sobre el principio de efectividad y la interpretación conforme del Derecho de la Unión
Al resolver las cuestiones prejudiciales que se le han planteado, el TJUE ha ido configurando categorías jurídicas y principios del Derecho de la Unión propios -primacía, interpretación conforme, orden público económico, efectividad y transparencia- en el proceso evolutivo de interpretación de ese ordenamiento.
En la sentencia Factortame I (STJUE de 19 de junio de 1990, asunto C-213/89 -ECLI:EU:C:1990:257-), el TJUE declaró que, cuando un órgano jurisdiccional conoce de un litigio relativo al Derecho comunitario, debe excluir la aplicación de una norma nacional que considere el único obstáculo para adoptar las medidas provisionales necesarias para garantizar la plena eficacia del Derecho comunitario (apartado 23).
En la sentencia de 21 de abril de 2016, asunto C-377/14 (ECLI:EU:C:2016:283), dictada a raíz de una cuestión prejudicial planteada en un procedimiento concursal, el TJUE reiteró en su apartado 48, que las reglas procesales establecidas por los Estados miembros en virtud de su autonomía procesal no deben hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
La autonomía procesal nacional debe ejercerse respetando el principio de efectividad del Derecho de la Unión. Ello exige interpretar y relacionar con rigor las normas europeas y nacionales.
Efectividad y primacía no son conceptos equivalentes. La primacía disciplina la relación entre el Derecho de la Unión y las normas nacionales incompatibles. Exige al órgano jurisdiccional nacional garantizar la aplicación preferente de la norma europea en las condiciones fijadas por el propio ordenamiento de la Unión. El principio de efectividad plantea una cuestión distinta: examina si las reglas procesales y los remedios nacionales permiten ejercer de manera real y útil los derechos atribuidos por el Derecho de la Unión.
Junto con el principio de efectividad, debe tenerse presente el de interpretación conforme.
La interpretación conforme es el mecanismo ordinario y preferente de aplicación judicial cuando existe Derecho interno susceptible de ser interpretado de manera armonizada con una directiva. El juez nacional debe tomar en consideración todas las normas nacionales relevantes e interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz del texto y la finalidad de la directiva.
Interpretar adecuadamente las sentencias del TJUE que resuelven cuestiones prejudiciales es una tarea difícil, incluso cuando la cuestión procede de un tribunal español.
Un ejemplo ajeno al concurso, útil como advertencia metodológica, lo ofrecen las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) números 31/2019, de 28 de febrero (ECLI:ES:TC:2019:31), y 23/2026, de 11 de marzo (ECLI:ES:TC:2026:23). Al tratar del control de cláusulas abusivas en la ejecución hipotecaria, distinguen los procedimientos iniciados antes de la Ley 1/2013 #, afectados por su disposición transitoria cuarta , de los iniciados después: para estos últimos, la STC 23/2026 sitúa la conclusión definitiva de la ejecución, a esos efectos, en la firmeza del decreto de adjudicación.
En la STC 31/2019, la «puesta en posesión del inmueble al adquirente», conforme a la sentencia del TJUE de 26 de enero de 2017 (asunto C-421/14, Banco Primus, ECLI:EU:C:2017:60), se tomó como referencia temporal para solicitar el control de la cláusula de vencimiento anticipado en aquel procedimiento de ejecución hipotecaria.
En la STC 23/2026, el TC aclara el alcance de la doctrina anterior respecto del examen de una cláusula abusiva en un procedimiento de ejecución hipotecaria y sitúa el límite temporal en la firmeza del decreto de adjudicación del bien inmueble ejecutado:
“No es ocioso advertir, por último, que la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha precisado que el procedimiento de ejecución hipotecaria concluye definitivamente con la firmeza del decreto de adjudicación del bien ejecutado, cuya firmeza es exigida por los arts. 673 y 674 LEC, para que el adquirente quede investido de la titularidad dominical [entre otras, SSTS 414/2015, de 14 de julio (ECLI:ES:TS:2015:3210); 139/2017, de 1 de marzo (ECLI:ES:TS:2017:712); 480/2018, de 23 de julio (ECLI:ES:TS:2018:3032); 338/2023, de 1 de marzo (ECLI:ES:TS:2023:671), y 234/2025].»
El análisis conjunto de las SSTC 31/2019 y 23/2026 muestra la necesidad de examinar minuciosamente el supuesto de hecho y el marco normativo y jurisprudencial interno antes de proyectar la respuesta del TJUE sobre otros procedimientos. No son aconsejables las fórmulas automatizadas o generalizadas: la aplicación del Derecho de la Unión exige metodología y rigor jurídico.
La sentencia del TJUE de 7 de agosto de 2018, asuntos C-96/16 y C-94/17 (ECLI:EU:C:2018:643), aborda, en su apartado 68, el papel de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación uniforme del Derecho nacional a la luz de la jurisprudencia del TJUE.
“A este respecto, tal como el Abogado General ha manifestado en lo sustancial en el punto 60 de sus conclusiones, no puede excluirse que los órganos jurisdiccionales superiores de un Estado miembro —como es el Tribunal Supremo— estén facultados, al ejercer su función de armonización de la interpretación del Derecho nacional y en aras de la seguridad jurídica, para elaborar determinados criterios que los tribunales inferiores tengan que aplicar al examinar el eventual carácter abusivo de la cláusulas contractuales”.
Por otra parte, el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, modificó, entre otros, los artículos 477 y 487 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El artículo 487.1 dispone:
«El recurso de casación se decidirá por sentencia, salvo que, habiendo ya doctrina jurisprudencial sobre la cuestión o cuestiones planteadas, la resolución impugnada se oponga a dicha doctrina, en cuyo caso el recurso podrá decidirse mediante auto que, casando la resolución recurrida, devolverá el asunto al tribunal de su procedencia para que dicte nueva resolución de acuerdo con la doctrina jurisprudencial».
La reforma establece así un mecanismo casacional específico para los supuestos en que la resolución impugnada se oponga a una doctrina jurisprudencial ya existente. No debe confundirse el alcance procesal de este mecanismo con una regla nueva y autónoma sobre la aplicación de toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo por todos los tribunales.
Principio de efectividad y autonomía procesal en el ámbito concursal
El principio de efectividad no elimina la autonomía procesal española, pero sí impide reglas nacionales que hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión.
Como principio general, el principio de efectividad también opera en el ámbito concursal, aunque su aplicación exige atender a los derechos conferidos por la normativa europea específica y a las particularidades del régimen de insolvencia.
Cuando la Directiva deja espacio regulatorio a los Estados, estos deben ejercerlo respetando los principios de equivalencia y efectividad. Esto es, las reglas nacionales de tutela no pueden ser menos favorables que las aplicables a situaciones internas comparables, ni hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión.
Aplicado al ámbito concursal, ello significa que la autonomía procesal y sustantiva nacional no desaparece. La jurisprudencia del TJUE (sentencia de 10 de abril de 2025, asunto C-723/23 -Agencia Estatal de la Administración Tributaria/VT y UP, ECLI:EU:C:2025:262-), reconoce un margen estatal para configurar causas de exclusión del acceso a la exoneración. Otras resoluciones del TJUE admiten, bajo condiciones, la exclusión de categorías de créditos no enumeradas expresamente en la Directiva y la fijación de límites cuantitativos.
Ese margen no es libre: las excepciones deben estar bien definidas, perseguir un interés público legítimo, estar debidamente justificadas con arreglo al Derecho nacional y respetar el principio de proporcionalidad.
En consecuencia, el principio de efectividad no actúa como una herramienta de uniformización, sino como un estándar de control funcional. No impone un único modelo europeo de segunda oportunidad, pero sí impide que la regulación nacional prive de utilidad al objetivo de asegurar a los empresarios insolventes el acceso al menos a un procedimiento apto para desembocar en la plena exoneración, con las excepciones admitidas por la Directiva.
La Directiva 2019/1023 ha exigido una reordenación profunda del sistema español de reestructuración preventiva y segunda oportunidad, dejando a los Estados miembros un margen relevante para diseñar exclusiones, límites y requisitos. Su ejercicio sigue sometido a justificación, proporcionalidad y respeto de los objetivos de la Directiva 2019/1023.
Antes de su transposición, parte de la jurisprudencia española propugnó interpretaciones más favorables a la exoneración del crédito público. La posterior jurisprudencia del TJUE ha aclarado que el artículo 23 de la Directiva 2019/1023 no contiene listas cerradas de excepciones, sin dispensar por ello de justificar cada excepción nacional.
El principio de efectividad y sus límites frente a la autonomía nacional: problemas interpretativos y prácticos del régimen español
El punto de partida del Derecho vigente es el TRLC, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, en la redacción introducida por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, para transponer la Directiva 2019/1023.
La principal controversia actual no es si España podía introducir límites a la exoneración, sino si las exclusiones y topes elegidos están suficientemente justificados, son proporcionados y preservan un acceso real a la segunda oportunidad.
La jurisprudencia del TJUE no conduce ni a una prohibición general de proteger el crédito público, ni a una presunción de validez de cualquier restricción. La justificación debe examinarse respecto de la medida concreta: impedir a una persona acceder al sistema de exoneración no es lo mismo que preservar de la exoneración una parte determinada de una deuda pública.
La controversia española ha sido especialmente intensa respecto del crédito público. Bajo el régimen anterior a la reforma de 2022 y en los primeros compases del texto refundido, algunas resoluciones españolas invocaron la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre segunda oportunidad -en particular, la STS 381/2019, de 2 de julio (ECLI:ES:TS:2019:2253)- y la Directiva 2019/1023, para sostener interpretaciones más favorables a la exoneración. También se plantearon argumentos de exceso ultra vires del refundidor, como recuerda el auto de la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 11 de octubre de 2022 (ECLI:ES:APA:2022:33A).
Para el Derecho vigente tras la reforma de 2022, el panorama se ha precisado con la jurisprudencia del TJUE de 2024 y 2025 y las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2026. Las SAP Murcia 996/2024, de 17 de octubre (ECLI:ES:APMU:2024:2666), y Madrid 166/2024, de 20 de mayo (ECLI:ES:APM:2024:7607), así como el AAP Murcia 252/2024, de 7 de noviembre (ECLI:ES:APMU:2024:2564A) y la SAP Murcia 1463/2025, de 13 de noviembre (ECLI:ES:APMU:2025:3205), ilustran la controversia sobre la compatibilidad de las restricciones del crédito público con la Directiva. Su alcance debe leerse atendiendo al supuesto y al régimen temporal examinados en cada resolución.
Otro foco de controversia ha sido la objetivación de ciertas causas de exclusión del acceso a la exoneración. El debate relativo al artículo 487.1.4.º del TRLC fue elevado al TJUE y resuelto en términos favorables al margen nacional: cabe excluir al deudor que hubiera sido declarado persona afectada en la calificación culpable del concurso de un tercero, sin exigir una nueva valoración judicial subjetiva de la deshonestidad en cada solicitud, siempre que se cumplan las exigencias de justificación de la Directiva (STJUE de 10 de abril de 2025, asunto C-723/23, -ECLI:EU:C:2025:262-).
El control jurídico se centra en si la excepción está debidamente justificada, persigue un interés público legítimo y respeta el principio de proporcionalidad, sin comprometer los objetivos de la Directiva.
Las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de febrero de 2026 han precisado distintos aspectos de este régimen. Deben distinguirse las que examinan causas de exclusión del acceso, conforme al artículo 487 del TRLC, de las que delimitan qué créditos públicos resultan exonerables, conforme al artículo 489 del TRLC. No todas las resoluciones del TS de febrero de 2026 tienen el mismo objeto.
El principio de efectividad del Derecho de la Unión opera aquí como límite al ejercicio del margen nacional, no como mecanismo de homogeneización total. España conserva margen para configurar su sistema de reestructuración y segunda oportunidad, pero debe ejercerlo de forma justificada, proporcionada y compatible con la finalidad europea de ofrecer procedimientos útiles.
a) La cuestión temporal:
Es necesario distinguir entre la entrada en vigor de la Directiva 2019/1023, el vencimiento del plazo de transposición aplicable y la entrada en vigor de la reforma española introducida por la Ley 16/2022. De esa secuencia depende el alcance del deber de interpretación conforme en cada litigio.
Resulta relevante la STJUE de 11 de abril de 2024, asunto C-687/22 (Julieta y Rogelio/Agencia Estatal de la Administración Tributaria- ECLI:EU:C:2024:287-).
El deber de interpretación conforme de una directiva se proyecta, con carácter general, tras la expiración del plazo de transposición. Antes de esa fecha, los tribunales nacionales no están obligados a reinterpretar el Derecho interno con arreglo a ella. Si deben evitar, en la medida de lo posible, interpretaciones que comprometan gravemente la consecución futura del resultado exigido. Incluso una vez nacido el deber de interpretación conforme, este no autoriza una lectura contra legem del Derecho nacional.
El auto de la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona número 112/2021, de 17 de junio (ECLI:ES:APB:2021:5058A) y la sentencia de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Guipuzkoa número 1055/2021, de 12 de julio (ECLI:ES:APSS:2021:1436), se insertan en la controversia relativa al TRLC de 2020 y la Directiva 2019/1023. Tras las SSTS 260/2026 y 264/2026 del TS, no puede trasladarse sin más al régimen reformado de 2022 la tesis de la exoneración indiscriminada de todo crédito público.
b) Acceso a la exoneración y alcance de la deuda exonerada
La jurisprudencia europea examinada por las SSTS 260/2026, de 18 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:436), y 264/2026, de 18 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:440), distingue las facultades contempladas en los apartados 2 y 4 del artículo 23 de la Directiva 2019/1023.
El apartado 2 se refiere a circunstancias que permiten denegar o restringir el acceso a la exoneración. El apartado 4, a categorías de deudas que pueden excluirse o limitarse. Sus enumeraciones no son exhaustivas, pero las excepciones nacionales deben estar suficientemente definidas y debidamente justificadas con arreglo al Derecho nacional. Al ejercer ese margen, los Estados deben respetar la proporcionalidad y los objetivos de la Directiva 2019/1023.
La distinción entre ambos apartados se corresponde con la que debe mantenerse entre los artículos 487 y 489 del TRLC.
En cuanto al alcance de la exoneración, las SSTS 260/2026 y 264/2026 consideran exonerables los créditos públicos subordinados. Respecto del crédito público no subordinado, aplican la exoneración parcial prevista en el artículo 489.1.5.º del TRLC, interpretada de modo que alcanza también a créditos autonómicos, provinciales y locales con independencia de quién gestione su recaudación. El límite se calcula separadamente para cada acreedor público.
En cuanto al acceso, la STS 264/2026 considera que un acuerdo firme de derivación de responsabilidad no justifica por sí solo la denegación de la exoneración al amparo del artículo 487.1.2.º del TRLC: para aplicar esa causa, debe constar que la derivación trae causa de una conducta fraudulenta del administrador equiparable a la que merece una sanción por infracción muy grave. Esta cuestión es distinta del cálculo de la deuda pública exonerable.
Por su parte, la STS 259/2026, de 18 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:441), se ocupa de una causa de exclusión del acceso ligada a una sanción tributaria muy grave. Completan la serie de sentencias del TS de febrero de 2026, las sentencias números 261/2026 (ECLI:ES:TS:2026:437), 262/2026 (ECLI:ES:TS:2026:439) y 263/2026 (ECLI:ES:TS:2026:438), todas de 18 de febrero, cuyos respectivos objetos deben identificarse al utilizarlas para apoyar una proposición concreta.
Jurisprudencia del TJUE
Entre las resoluciones del TJUE dictadas a raíz de cuestiones prejudiciales remitidas por órganos jurisdiccionales españoles en materia de exoneración del pasivo insatisfecho e interpretación de la Directiva 2019/1023, destacan las siguientes:
1. STJUE de 7 de noviembre de 2024, asuntos acumulados C-289/23 y C-305/23 (Corván y Bacigán, -ECLI:EU:C:2024:934-)
Las cuestiones fueron planteadas, respectivamente, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante y el Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Barcelona, mediante autos de 25 de abril y 2 de mayo de 2023.
La sentencia examina causas nacionales de denegación o restricción del acceso a la exoneración -incluidas sanciones administrativas, derivaciones de responsabilidad y otras conductas relevantes- y la exclusión o limitación del crédito público.
Declara que las listas de los apartados 2 y 4 del artículo 23 de la Directiva 2019/1023 no son exhaustivas. Los Estados pueden establecer otras restricciones o exclusiones, incluso más severas que las previstas en su Derecho anterior, siempre que cumplan las exigencias aplicables de definición, justificación y proporcionalidad.
Esta sentencia es relevante para enjuiciar los artículos 487 y 489 TRLC tras la Ley 16/2022.
2. STJUE de 11 de abril de 2024, asunto C-687/22 (Julieta y Rogelio/Agencia Estatal de la Administración Tributaria, -ECLI:EU:C:2024:287-)
La cuestión fue planteada por la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante mediante auto de 11 de octubre de 2022.
Se refiere a la exclusión del crédito público bajo el TRLC anterior a la Ley 16/2022, al alcance de las obligaciones derivadas de la Directiva 2019/1023 durante el plazo de transposición y al carácter abierto o cerrado de la lista del artículo 23.4 de la Directiva 2019/1023.
El TJUE aclaró que las categorías del artículo 23.4 no constituyen una lista exhaustiva y que una exclusión nacional adicional debe estar debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional.
3. STJUE de 10 de abril de 2025, asunto C-723/23 (Agencia Estatal de Administración Tributaria/VT y UP -ECLI:EU:C:2025:262-)
La cuestión fue planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Oviedo mediante auto de 13 de octubre de 2023.
Se refiere a la causa de exclusión consistente en que el solicitante hubiera sido declarado persona afectada en la calificación culpable del concurso de un tercero.
El TJUE concluye que los apartados 1 y 2 del artículo 23 de la Directiva 2019/1023 no se oponen, en las condiciones que examina, a esa exclusión, aunque el supuesto no figure expresamente en las listas de la Directiva 2019/1023, siempre que esté debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional.
Tampoco exige una nueva valoración judicial subjetiva de deshonestidad o mala fe por el solo hecho de solicitarse la exoneración cuando la condición relevante ya deriva de aquella declaración, sin perjuicio de los límites de justificación impuestos por la Directiva.
4. ATJUE de 28 de abril de 2025, asunto C-46/24 (RB y Ayuntamiento de Humanes, -ECLI:EU:C:2025:289-)
La cuestión fue planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 19 de Madrid mediante auto de 4 de septiembre de 2023.
Versa sobre la exclusión general y los límites cuantitativos de la exoneración del crédito público del artículo 489.1.5.º del TRLC.
El auto confirma que la exclusión general o parcial del crédito público puede ser compatible con el artículo 23.4 de la Directiva 2019/1023 si está debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional. A la inversa, se opone a una exclusión que carezca de justificación suficiente. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar esa justificación y la proporcionalidad de la medida.
Conclusión
Primera. El principio de efectividad limita la autonomía nacional, pero no impone un modelo uniforme. En materia concursal, España conserva margen para configurar sus procedimientos y su régimen de segunda oportunidad. Ese margen no permite establecer reglas que hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión ni vaciar de utilidad práctica la exoneración.
Segunda. Las restricciones a la exoneración no son incompatibles por sí mismas con el Derecho de la Unión. Las listas del artículo 23 de la Directiva 2019/1023 no son cerradas. Los Estados pueden establecer causas adicionales de exclusión del acceso y limitar la exoneración de determinadas categorías de créditos, incluido el crédito público. Es decisivo que las medidas estén bien definidas, debidamente justificadas y respeten la proporcionalidad.
Tercera. Deben examinarse separadamente el acceso del deudor a la exoneración (artículo 487 TRLC) y el alcance de las deudas exoneradas (artículo 489 TRLC). Una deuda parcialmente no exonerable no equivale a una causa de exclusión personal del deudor.
Cuarta. Respecto del acceso, la STS 264/2026 impide denegar automáticamente la exoneración por la mera existencia de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad cuando no consta la conducta fraudulenta que justifica equiparar el supuesto a una infracción muy grave. Las demás causas del artículo 487 deben examinarse conforme a sus propios presupuestos.
Quinta. Respecto del alcance, las SSTS 260/2026 y 264/2026 consideran exonerable el crédito público subordinado. Al restante crédito público le aplican una exoneración parcial con el límite calculado por cada acreedor público, sin excluir por su origen territorial los créditos autonómicos, provinciales o locales.
Sexta. La jurisprudencia europea exige una aplicación judicial rigurosa y contextualizada. Corresponde a los órganos jurisdiccionales integrar las respuestas del TJUE con la legislación nacional aplicable y la jurisprudencia pertinente, motivando por qué una restricción concreta supera o no el control de justificación y proporcionalidad. Así se preservan la utilidad de la segunda oportunidad y la seguridad jurídica, sin confundir el principio de efectividad con una facultad general para dejar inaplicado cualquier límite nacional a la exoneración.
Séptima. En definitiva, el principio de efectividad del Derecho de la Unión en el ámbito concursal español no se mide por la ausencia de excepciones a la exoneración, sino por la capacidad del sistema, considerado en su conjunto y dentro de los límites admitidos por la Directiva, para ofrecer una segunda oportunidad real y jurídicamente accesible.
JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA
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