Autor: Jesús Sánchez García
Fecha: 19/11/2026
Tiempo de lectura: 9′
I. Introducción
Las relaciones contractuales en materia de consumo han evolucionado durante las últimas décadas, pasando de una contratación por negociación a una seriada, en el que la asimetría contractual ha dado lugar a la aparición de nuevas categorías jurídicas supranacionales configuradas por el TJUE, en la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (Directiva 93/13), como son el principio de orden público económico, efectividad y transparencia en la contratación predispuestas con consumidores.
Pero en la actualidad nos encontramos ante un nuevo diseño y modo de contratación, como es la contratación digital que introduce un cambio cualitativo: no solo cambia el soporte, sino también quién y cómo configura la decisión contractual, por lo que nos encontramos ante un cambio de transformación dogmática, en el que cabe preguntarse si podemos hablar de “contrato” ante este nuevo fenómeno de relaciones a través de plataformas digitales.
Los elementos básicos de la contratación del Código Civil han cambiado ante este nuevo fenómeno de la digitalización y, en nuestra opinión, estamos en una relación contractual automatizada, en la que los principios vertebradores de la doctrina jurisprudencial del TJUE (primacía, orden público económico, efectividad y transparencia) son plenamente aplicables ante este cambio de paradigma de la contratación predispuesta.
Debe aplicarse a esa relación contractual automatizada el principio de transparencia, mediante un tratamiento especializado de la información de forma clara y comprensible, que exige conocer la autoría del contratante y todos los elementos esenciales de la contratación en ese nuevo diseño del ecosistema digital, porque sino no habría relación contractual.
La contratación predispuesta a través de plataformas requiere transparencia a través de una información precontractual y contractual, con las consecuencias civiles de nulidad o anulabilidad y, en su caso, la posible responsabilidad derivada. Por tanto, no puede existir opacidad, sino mas obligaciones para el predisponente y garantías para el adherente.
II. El consumidor digital y la nueva asimetría informativa
La Directiva 93/13 no podía contemplar como es lógico cláusulas contractuales en la contratación actual de servicios digitales, pero, pese a ello y como afirma Cámara Lapuente, tanto el control de contenido contractual, como el de transparencia, en la interpretación realizada por el TJUE “se han mostrado versátiles y maleables para su acomodo a todo tipo de contratos, celebrados en línea y fuera de línea, sobre todo tipo de prestaciones”.
El ordenamiento jurídico europeo y español han reaccionado ampliando la protección del consumidor al entorno digital, como acertadamente nos recuerda Ribón Seisdedos en el 40 aniversario de la incorporación de España en la Unión Europea.
La contratación digital ha desplazado el centro de gravedad de la tutela del consumidor. Si en el comercio tradicional el riesgo predominante era la falta de información sobre el bien o el precio, en el entorno digital la vulnerabilidad se intensifica por la asimetría tecnológica: interfaces diseñadas para influir en la decisión, contratación automatizada, explotación de datos, opacidad de los sistemas de recomendación y dependencia de plataformas que median entre consumidores y empresas.

La respuesta jurídica no consiste en crear un único «derecho del consumidor digital», sino en coordinar un conjunto de normas europeas y españolas. Su finalidad común es preservar una decisión de consumo libre, informada y no manipulada, asegurar remedios efectivos cuando el suministro digital es defectuoso y exigir trazabilidad y responsabilidad a los operadores de la economía de plataformas.
En España el núcleo de esta regulación la encontramos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU), especialmente desde la incorporación de la Directiva (UE 2019/770, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (Directiva 2019/770), transpuesta al ordenamiento interno a través del RDL 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores (RDL 7/2021).
Junto al TRLGDCU, en la actualidad disponemos de una normativa nacional y europea que tutelan los derechos de los consumidores en el ámbito digital.
Se facilita una tabla legislativa con las principales normas nacionales y europeas de aplicación a la contratación predigital:



III. La contratación digitalmente predispuesta: patrones oscuros y consentimiento.
La contratación a distancia exige que la información esencial (como es la identidad empresarial, características del bien o servicio, precio total, duración, renovación, desistimiento y vías de reclamación), se facilite de modo claro, comprensible y antes de que el consumidor quede vinculado.
La información debe estar presentada de forma que el destinatario medio pueda identificarla y comprender sus consecuencias económicas y jurídicas.
En un diseño de contratación digital, es necesario revisar y verificar, entre otros aspectos, la prominencia del precio final (el consumidor debe poder ver de forma clara, visible y comprensible el importe total que realmente tendrá que pagar), las suscripciones de renovación automática, la opción de desistimiento, la publicidad y la claridad de los botones de aceptación.
La contratación digital es aquella en la que la formación, configuración, manifestación del consentimiento, ejecución o gestión de la relación contractual se realiza total o parcialmente mediante sistemas digitales, interfaces o plataformas tecnológicas que pueden no limitarse a documentar un contrato, sino intervenir activamente en la arquitectura de la elección y en el proceso de decisión de contratación.
La diferencia jurídica más interesante de la contratación digital no es simplemente la contratación predispuesta celebrada por internet. En la contratación predispuesta el empresario o profesional predispone las cláusulas. En la contratación digital, además, puede predisponer el itinerario que conduce al consentimiento: qué información aparece primero, qué opción está resaltada, cuántos clicks exige para cancelar a diferencia de los de contratar, qué casillas aparecen activadas, qué alternativas se ocultan, qué mensajes de urgencia se presentan o cómo se personaliza la oferta mediante datos.
En la contratación digitalmente predispuesta el profesional no solo predispone el clausulado contractual, sino también el entorno digital dentro del cual el consumidor forma y manifiesta su consentimiento.
Esto desplaza el problema jurídico clásico. Ya no basta con preguntarse ¿qué dice el contrato”, sino que debemos formularnos otra pregunta: ¿cómo se obtuvo el consentimiento? y ¿cómo fue diseñada la arquitectura digital que condujo a ese consentimiento?.
Estamos ante una nueva era de contratación digital predispuesta y un dark pattern o “patrón oscuro” (patrón de diseño engañoso que usa una interfaz de usuario cuidadosamente diseñada para engañar deliberadamente a los usuarios para que elijan un camino que no querían tomar) puede conducirnos a una contratación no deseada.4
Pese a estas complejas nuevas técnicas de contratación digital, disponemos de mecanismos legales para la defensa de los derechos de los consumidores (DSA, DMA, RGPD, Directiva 2011/83/UE, Directiva 93/13 y Derecho español de consumidores) en la nueva era de la contratación predispuesta digital.
Y al igual que en el resto de contrataciones predispuestas, en el ámbito digital la transparencia no debe entenderse únicamente como una exigencia formal de las condiciones generales (control de incorporación), sino que debe analizarse también si el consumidor pudo comprender realmente el funcionamiento económico, jurídico y tecnológico esencial del servicio contratado.
El artículo 115 del TRLGDCU establece que los contenidos y servicios digitales deben ser conformes con el contrato y los artículos 115 bis y 115 ter regulan los requisitos subjetivos y objetivos de conformidad.
Entre los parámetros relevantes aparecen la funcionalidad, compatibilidad, interoperabilidad, seguridad, características, instrucciones y actualizaciones que razonablemente corresponda al servicio, transformando el estándar contractual: el empresario no cumple necesariamente por el simple hecho de permitir el acceso a la plataforma, porque el funcionamiento efectivo del producto digital integra la prestación contractual.
El riesgo actual no se limita a una cláusula abusiva. Puede estar incorporado al propio diseño de la interfaz. Los llamados “patrones oscuros” son técnicas de diseño que orientan la conducta del usuario mediante obstáculos, urgencia artificial, opciones preseleccionadas, itinerarios de cancelación más complejos que los de alta o formulaciones ambiguas.
No toda técnica de persuasión es ilícita, pero se traspasa cuando se distorsiona de manera relevante la capacidad del consumidor para adoptar una decisión económica libre e informada.
La reforma española vinculada a la Directiva Ómnibus refuerza el marco del TRLGDCU frente a estas prácticas. Entre otras cuestiones, da relevancia a la transparencia sobre la personalización de precios basada en decisiones automatizadas, a la autenticidad de las reseñas y a la posición de quien opera un mercado en línea. El consumidor debe conocer los criterios principales que determinan el orden de los resultados de búsqueda y si el tercero oferente es empresario o particular, pues de ello depende el régimen de protección aplicable.
La regulación sectorial de plataformas añade una dimensión de diligencia debida.
Concretamente el Reglamento UE 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (DSA), establece obligaciones de transparencia, trazabilidad de determinados comerciantes y mecanismos de notificación y actuación respecto de contenidos ilícitos, con deberes reforzados según la categoría del intermediario. Desde la óptica de consumo, su aportación más significativa es desplazar el análisis desde el contrato bilateral hacia la responsabilidad organizativa de los servicios de intermediación.
También la inteligencia artificial exige una aproximación preventiva. El Reglamento (UE) 2024/1689) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, no sustituye a la normativa de consumo, pero la complementa mediante obligaciones de transparencia y gestión del riesgo para determinados sistemas.
Y el debemos analizar el Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA).
En la práctica, una empresa que emplee sistemas algorítmicos para recomendar productos, personalizar precios, atender reclamaciones o segmentar consumidores debe valorar simultáneamente la normativa de consumo, protección de datos, competencia desleal y, cuando corresponda, la de inteligencia artificial.5
Desde una perspectiva jurídica, los “patrones oscuros” pueden constituir algo bastante más relevante que una mala práctica de diseño: pueden ser el elemento técnico mediante el cual una plataforma vulnera simultáneamente normas sobre servicios digitales, protección de datos y consumidores. Esto adquiere especial importancia cuando afectan a menores y redes sociales.
El artículo 25 del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) prohíbe a los proveedores de plataformas diseñar, organizar u operar sus interfaces de forma que engañen o manipulen al usuario o distorsionen o menoscaben sustancialmente su capacidad para adoptar decisiones libres e informadas.
Y el considerando 67 del DSA aporta ejemplos especialmente interesantes: dar mayor prominencia visual a una opción, solicitar repetidamente una decisión ya tomada, hacer mucho
más difícil cancelar que contratar, dificultar cerrar sesión o utilizar configuraciones predeterminadas difíciles de modificar.
Por tanto, jurídicamente no es imprescindible demostrar un engaño tradicional. Una determinada “arquitectura de la interfaz“ puede ser ilícita por sí misma cuando afecta materialmente a la autonomía decisoria.
El Comité Europeo de Protección de Datos adoptó específicamente las Directrices 3/2022 sobre patrones de diseño engañosos en interfaces de redes sociales.6
El problema fundamental es el consentimiento. El art. 7 RGPD exige que la solicitud de consentimiento sea claramente distinguible, inteligible, fácilmente accesible y formulada mediante lenguaje claro y sencillo. Además, retirar el consentimiento debe ser tan fácil como prestarlo.
Esto significa que una plataforma que, por ejemplo, presente:
“ACEPTAR TODO”
frente a:
“Más opciones → configuración → privacidad → rechazar”
puede tener dificultades para sostener que existe una elección verdaderamente libre.
La interfaz misma puede convertirse en prueba de la falta de libertad del consentimiento.
Y, por último, el derecho de desistimiento es esencial y fundamental en este tipo de contrataciones (arts. 102 a 108 del TRLGDCU).
En la práctica será necesario analizar cómo los “dark patterns” pueden viciar u obstaculizar el ejercicio del desistimiento y qué consecuencias jurídicas tendrá ello conforme al TRLGDCU, DSA y el RGPD, así como la normativa europea sobre prácticas comerciales desleales.
IV. La demanda del caso Meta y del Juzgado Mercantil 15 de Madrid.
En el litigio federal seguido ante el United States District Court for the Northern District of California, con sede en Oakland, contra Meta Platforms, diversos fiscales generales estatales (California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey) han planteado una cuestión que va más allá de los contenidos difundidos a través de Facebook o Instagram: si determinadas funcionalidades de las plataformas fueron deliberadamente diseñadas para incrementar la permanencia del usuario y propiciar patrones de uso compulsivo.
Las demandas cuestionan prácticas como el infinite scroll, la reproducción automática, el contenido efímero, los contadores de «me gusta», las notificaciones disruptivas o los sistemas algorítmicos de refuerzo variable. La cuestión jurídica no reside, por tanto, únicamente en los contenidos que recibe el usuario, sino en si determinadas decisiones de diseño, recomendación y personalización pueden influir de manera relevante en su comportamiento y, especialmente en el caso de menores, aprovechar determinadas vulnerabilidades psicológicas.8
Ricard Martínez señala que la demanda presentada ante los tribunales federales de Oakland describe diversas técnicas basadas en el perfilado del usuario y en la gestión de su tiempo de permanencia en las plataformas de Meta. El algoritmo deja así de ser un mero instrumento técnico para convertirse en un elemento que selecciona, ordena y personaliza la experiencia del usuario y puede condicionar el modo en que este interactúa con la plataforma.9
Por su parte, el 25 de marzo de 2026 un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y a YouTube responsables de los daños sufridos por una joven usuaria de sus servicios. Durante el juicio se pusieron delante de Mark Zuckerberg documentos internos de su propia empresa, que llegaron a la sala gracias al discovery, la exhibición amplia de documentos que el proceso estadounidense permite antes del juicio.
Nuestro proceso civil no la conoce, y de ahí una pregunta a la que volveremos más adelante: con la Ley de Enjuiciamiento Civil en la mano, ¿cómo se llega a esa prueba?
La cuestión tiene también una dimensión próxima en nuestro ordenamiento. El 19 de noviembre de 2025, el Juzgado de lo Mercantil n.o 15 de Madrid condenó, en primera instancia, a Meta Platforms Ireland Limited a indemnizar a 87 empresas editoras de prensa, agencias de noticias y cadenas de radio con 479,12 millones de euros de principal, más los intereses reconocidos en la resolución, por competencia desleal. La sentencia consideró que Meta había obtenido una ventaja competitiva significativa mediante publicidad comportamental sustentada en un tratamiento de datos personales contrario al RGPD. Aunque se trataba de un litigio de naturaleza distinta, resulta significativo que también en España la actividad de Meta haya sido examinada judicialmente atendiendo a la relación entre datos personales, perfilado, publicidad y modelo económico de la plataforma.10
Por ello, la discusión suscitada por el caso Meta excede incluso del ámbito de la salud mental de los menores. Obliga a reflexionar sobre la capacidad de las grandes plataformas para estructurar los procesos de decisión de millones de consumidores mediante tecnologías que estos difícilmente pueden conocer o comprender en toda su dimensión.
V. ¿Disponemos de mecanismos procesales para ejercitar acciones individuales frente a la arquitectura de diseño de las plataformas digitales?
En las acciones judiciales que se han emprendido en EEUU hay un hilo conductor relevante, ya que al parecer no se discute los contenidos que aparecen en Facebook o Instagram, sino se discute si Meta ha podido diseñar un sistema que decide qué vemos, durante cuánto tiempo y mediante qué mecanismos psicológicos mantiene nuestra atención.
Se traslada el debate a la responsabilidad por diseño del producto, posibles prácticas comerciales engañosas, privacidad y protección del consumidor.
La cuestión jurídica relevante no reside, en principio, en los contenidos aislados que circulan por las plataformas, sino en si determinadas decisiones de diseño y recomendación (como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones o la personalización algorítmica) han podido incrementar de modo previsible los patrones de uso compulsivo de menores.
La pregunta que nos debemos hacer es si conforme a nuestro ordenamiento jurídico podría interponerse en España acciones colectivas o individuales similares.
Qué legitimación tendría un particular, una asociación de consumidores, la Fiscalía, en su caso. Qué normas españolas y europeas serían aplicables y qué fundamentos de las acciones iniciadas en USA serían trasladables y cuáles no en nuestro país.
En todo caso, serían acciones civiles y la demandada sería siempre la plataforma. Pero caben tres caminos, y en cada uno cambian quién demanda y qué hay que probar: la acción colectiva de cesación, la acción colectiva de daños y la acción individual de daños, en la que centraremos el análisis probatorio.
La acción individual persigue la indemnización del daño sufrido por una persona concreta, normalmente por la vía del artículo 1902 del Código Civil (CC). Demanda el afectado y, si es menor, sus progenitores (artículo 162 CC) o, si sus intereses se oponen a los del hijo, un defensor judicial (artículo 163 CC). Si la acción se plantea como tutela de un derecho fundamental, el Ministerio Fiscal será siempre parte (artículo 249.1. 2.o LEC).
Una eventual reclamación exigiría acreditar, caso por caso, el incumplimiento de deberes aplicables, el daño sufrido, la relación causal y la imputación a la conducta de la plataforma. El debate se desplaza así hacia la responsabilidad por diseño, la protección de consumidores y menores, la privacidad y la eficacia de las medidas de mitigación de riesgos.
En la acción individual hay que probarlo todo: el diseño, el daño de esa persona, el nexo causal y, por la vía del artículo 1902 CC, la culpa de la plataforma. La prueba clínica y los datos de uso de la cuenta son imprescindibles, pero no bastan sin la prueba del diseño, que es la que permite pasar de «esta persona usó mucho la aplicación» a «esta aplicación estaba diseñada para que la usara así».
La vía europea está siguiendo la línea de las demandas estadounidenses. El 10 de julio de 2026 la Comisión Europea concluyó preliminarmente que el diseño adictivo de Instagram y Facebook puede infringir el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales.
(https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/news/commission-preliminarily- finds-addictive-design-instagram-and-facebook-breach-digital-services-act):
“La Comisión Europea ha encontrado hoy preliminarmente que Meta incumple la Ley de Servicios Digitales por el diseño adictivo de Instagram y Facebook.
La investigación se centra en características como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y los sistemas de recomendación altamente personalizados de las plataformas.
La investigación de la Comisión indica que Meta no evaluó adecuadamente los riesgos de su diseño adictivo para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos los menores y los adultos vulnerables. La evidencia también muestra que las medidas de mitigación actuales de Meta no lograron abordar de manera efectiva los riesgos derivados de su diseño adictivo”.
Como es lógico, una investigación preliminar de la Comisión no equivale a una declaración definitiva de infracción ni prueba por sí misma todos los elementos de una acción indemnizatoria individual.
Tampoco vincula al juez nacional: pero el artículo 82.3 del DSA le impide adoptar resoluciones contrarias a las decisiones que la Comisión ya haya adoptado y le obliga a evitar conflictos con las que esta prepare, pudiendo suspender el procedimiento. Así las conclusiones preliminares, aunque no son todavía una decisión pueden aportarse al proceso como prueba documental.
El presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo (AEDC) Eugenio Ribón, ya ha planteado la necesidad de un registro estatal de algoritmos para protección del consumidor en la era digital11.
Desde la perspectiva de la prueba, un registro que permita identificar, documentar y auditar los sistemas automatizados empleados en los mercados de consumo sería, en nuestra opinión, una fuente documental de primer orden.
Debería explorarse la posible vía judicial de las acciones civiles individuales de menores afectados, así como la acción colectiva de consumidores, en este último caso no solo tendente a obtener el cese de determinadas prácticas, sino cuando concurran los presupuestos legales, a obtener la oportuna reparación para los consumidores afectados.
El ordenamiento procesal español ya contempla legitimación de asociaciones, grupos de afectados y Ministerio Fiscal para defender intereses de consumidores, así como mecanismos de publicidad y participación de perjudicados.
La LEC, en su artículo 11 atribuye legitimación a asociaciones y, para intereses difusos, a las asociaciones representativas; asimismo, reconoce al Ministerio Fiscal legitimación para ejercitar acciones en defensa de consumidores y usuarios.
Si bien a nivel comunitario contamos con la Directiva (UE) 2020/1828, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, en nuestro país sigue pendiente una ley específica de transposición, ya que el Proyecto de Ley que la incorporaba caducó con la disolución de las Cortes Generales el 6 de octubre de 2026.12
Hemos de tener presente que la posible responsabilidad no nace de que una red social sea atractiva, sino de la eventual concurrencia de un diseño previsible y evitablemente lesivo, de un incumplimiento normativo, de un daño acreditado y de una relación causal.
El término “diseño adictivo” se emplea en el debate regulatorio y judicial para describir funcionalidades orientadas a maximizar la permanencia. Sin embargo, en una reclamación individual será necesario acreditar un patrón de uso compulsivo y un daño concreto, sin que la mera utilización frecuente de la plataforma baste por sí sola.
El art. 147 TRLGDCU puede constituir una base relevante de responsabilidad por la prestación del servicio, que deberá integrarse con el régimen general de responsabilidad civil, las obligaciones sectoriales del DSA y, cuando proceda, la normativa de protección de datos y de consumidores.
La importancia probatoria es fundamental, sea cual sea la acción que se vaya a ejercitar. Serían relevantes los documentos internos de diseño, las evaluaciones de riesgos, los registros de medidas de mitigación, la configuración efectiva de los sistemas de recomendación, la pericial psicológica o psiquiátrica y la prueba del uso concreto de cada menor. No bastaría, por sí sola, la existencia de herramientas como el scroll infinito o el autoplay.
Para delimitar el objeto de esa prueba nos ayuda la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de julio de 2026, WebGroup Czech Republic y otros (C-188/24 y C-190/24) (SP/DOCT/130422). Cuando el operador determina, mediante un algoritmo y en su propio interés, «en qué condiciones, de qué manera y según qué orden de prioridad» se difunde la información, ejerce un control sobre ella y no puede calificarse de prestador de alojamiento de datos ni ampararse, por tanto, en ese régimen de exención.13 En otras palabras, lo que hay que probar no es qué vio el menor, sino qué decidía el algoritmo y en interés de quién.
Como sostiene Lorente Fernández, el Reglamento DSA conserva la lógica del “hosting pasivo” y de la exención condicionada: pero deja de beneficiarse de la exención si tiene conocimiento efectivo de la ilicitud y no actúa diligentemente, o si el destinatario actúa bajo su autoridad o control. La sentencia del TJUE de 23 de julio de 2026 contribuye precisamente a concretar qué debe entenderse por “control” y lo hace en términos especialmente relevantes para el entorno de plataformas contemporáneo: el algoritmo no es un elemento neutro por definición; puede ser, al contrario, el instrumento mediante el cual la plataforma decide la arquitectura efectiva de difusión del contenido.
Antes del pleito, la primera herramienta es el derecho de acceso del artículo 15 RGPD, que es, a nuestro entender, la mejor diligencia preliminar de que disponemos. El Tribunal de Justicia ha declarado que la primera copia es gratuita, aunque la solicitud persiga un fin ajeno a la protección de datos15 y que, si frente a la petición de explicar la lógica de una decisión automatizada el responsable alega secretos comerciales, debe comunicar esa información a la autoridad de control o al juez, a quienes corresponde ponderar los intereses en juego.16 ¿Qué pedir? La Comisión reprocha a TikTok y a Meta no haber atendido al tiempo que los menores pasan conectados por la noche. Ese es el dato: el historial de uso, con sus franjas horarias.
La segunda herramienta son las diligencias preliminares del artículo 256 LEC; en la acción individual, singularmente la petición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie (artículo 256.1.5.o bis LEC), si no se ha obtenido antes mediante el derecho de acceso del paciente (artículo 18 de la Ley 41/2002).
La tercera es congelar el diseño antes de que cambie, porque la Comisión ya ha comunicado a TikTok que debe modificar el diseño básico de su servicio.17 Para ello contamos con el acta notarial, que hace prueba plena del hecho y de su fecha (artículos 317.2.o y 319 LEC), aunque solo de lo que el notario percibe en pantalla; con el aseguramiento de la prueba (artículo 297 LEC), y con la prueba anticipada (artículo 293 LEC).
Lo que hay que documentar es, precisamente, el itinerario que describen el considerando 67 del DSA y el artículo 7.3 RGPD, con una cuenta configurada como la del afectado.
Ya en el proceso, la principal prueba documental la ha generado la propia demandada. Las plataformas de muy gran tamaño deben publicar sus evaluaciones de riesgos, sus medidas de reducción y sus informes de auditoría (artículo 42.4 DSA), y las que utilizan sistemas de recomendación deben explicar sus parámetros principales (artículo 27 DSA). Son documentos de la propia plataforma, útiles también para acreditar la culpa: lo que ha evaluado como riesgo no puede alegar que lo desconocía. Lo mismo ocurre con el informe anual de Meta ante la autoridad bursátil estadounidense, en el que advierte de que, si disminuye la interacción de sus usuarios, se resienten sus ingresos.18
A nuestro entender, ahí está la clave práctica de la exhibición documental. El artículo 328.2 LEC exige acompañar a la solicitud copia del documento o indicar su contenido «en los términos más exactos posibles», y lo que la plataforma publica por obligación es lo que permite pedir con precisión: no «todo sobre el algoritmo», sino la evaluación de riesgos de un ejercicio concreto y su apartado sobre el bienestar de los menores. Ante una negativa injustificada, el tribunal podrá atribuir valor probatorio a la copia presentada por el solicitante o a la versión que este hubiese dado del contenido del documento (artículo 329.1 LEC).
Las grabaciones de pantalla y los ficheros de datos de la cuenta se incorporan como medios de reproducción e instrumentos de archivo (artículos 382 y 384 LEC). Con un sello cualificado de tiempo electrónico, se presume la exactitud de su fecha y hora (artículo 41.2 del Reglamento (UE) 910/2014, eIDAS, y artículo 326.4 LEC).
Harán falta, además, varios peritos: un clínico; un experto en patrones de diseño engañosos, que podrá apoyarse en las Directrices 3/2022 del Comité Europeo de Protección de Datos; un científico de datos que analice la cuenta y audite el algoritmo con cuentas simuladas de menores; y un economista.
Proponemos, también, que el juez vea la aplicación funcionando, en un mismo acto con el reconocimiento pericial (artículos 353 y 356 LEC), por ejemplo, con una cuenta de menor recién creada y la configuración por defecto.
En el interrogatorio de la plataforma, si su representante no intervino en los hechos, debe identificar a la persona que lo hizo (artículo 309 LEC); y si se niega a declarar o responde con evasivas, el tribunal podrá considerar reconocidos como ciertos los hechos en que hubiera intervenido personalmente y cuya fijación le resulte perjudicial (artículo 307 LEC). Los investigadores y los profesionales que hayan tratado al menor pueden declarar como testigos- peritos (artículo 370.4 LEC), y las personas jurídicas y entidades públicas pueden responder por escrito sobre hechos relativos a su actividad (artículo 381 LEC).
En cuanto a la carga de la prueba, el artículo 217.7 LEC obliga al tribunal a tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria de cada parte, y pocas veces es tan evidente la asimetría informativa como cuando una parte diseñó el algoritmo y la otra lo padeció.
Y si el daño existe pero es muy difícil de cuantificar, cabe la estimación judicial, como hizo el Tribunal Supremo en el cártel de camiones (SP/SENT/1189771), criterio que entendemos aplicable por analogía.19 El Tribunal de Justicia advierte que, si la imposibilidad de evaluar el perjuicio se debe a la inactividad del demandante, el juez no puede suplir su falta de acción20; pero la propia sentencia del Tribunal Supremo precisa que haber solicitado la exhibición es un elemento más para valorar el esfuerzo probatorio, y no «una exigencia de carácter ineludible». La estimación judicial no premia al demandante pasivo, pero tampoco castiga a quien probó por otras vías.
La estrategia que consideramos más interesante para explorar es la acción especialmente centrada en el diseño adictivo, siempre que se pueda recabar la oportuna prueba que lo acredite, basado en la presunción de que determinadas decisiones de diseño adoptadas por Meta u otra plataforma han podido generar o incrementar deliberadamente patrones de utilización compulsiva, desplazamiento infinito, autoplay, notificaciones o sistemas de recomendación personalizados.
Como sostuvo el profesor Alberto Tapia, en la conferencia impartida en la UNED el pasado 7 de octubre, en la mesa sobre adicción a las redes sociales, es necesario tener presente también, a la hora de analizar el ejercicio de acciones individuales, los artículos 4, 5, 8, 19, 20 y 32,1-5, sobre prácticas comerciales desleales con los consumidores.
Respecto de la posible indemnización junto con la normativa interna española, como es la LEC, el Código Civil y la normativa de protección de consumidores, el artículo 54 del DSA establece:
“Indemnización. Los destinatarios del servicio tendrán derecho a solicitar, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, una indemnización con cargo a los prestadores de servicios intermediarios por cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento por parte de dichos prestadores de sus obligaciones en virtud del presente Reglamento”.
Pero si bien su base es comunitaria, para reclamar una indemnización por daños derivados de incumplimientos del Reglamento, no obstante, debe señalarse que el precepto remite al Derecho de la Unión o nacional y no elimina la necesidad de acreditar los presupuestos de la responsabilidad conforme al marco aplicable ni fija, por sí mismo, una cuantía indemnizatoria.
Por supuesto debería incluirse en la reclamación la indemnización del daño moral, fundamentada en la jurisprudencia reciente, tanto de la Sala 1a, como de la Sala 2a del TS.
Cabría analizar tres cuestiones previas antes de recomendar ejercitar cualquier acción judicial:
Qué entidad concreta presta el servicio y figura como responsable frente al usuario.
Qué tribunal sería competente.
Qué normativa regiría las pretensiones contractuales, extracontractuales, de consumo y de protección de datos.
VI. Conclusión
En definitiva, una eventual acción judicial contra Meta o cualquier otra plataforma trasladaría el foco del debate desde los contenidos concretos hacia el propio diseño y funcionamiento de estos servicios. El DSA establece deberes relevantes en materia de protección de los menores y de evaluación y mitigación de riesgos. Asimismo, su artículo 54 permite reclamar la reparación de los daños conforme al Derecho de la Unión o al Derecho nacional. En España, una acción de esta naturaleza exigiría acreditar el daño, el nexo causal, el incumplimiento y su imputación concreta. Para sostener la reclamación resultarían determinantes las pruebas técnicas, documentales y periciales. Las acciones colectivas también podrían constituir una vía útil, aunque su viabilidad dependería de las reglas de legitimación y del régimen jurídico aplicable.
Desde la perspectiva de la prueba, el itinerario del afectado puede resumirse así: elegir la acción, obtener la prueba antes de demandar, mediante el derecho de acceso, las diligencias preliminares y el acta notarial; aportar con la demanda la documental que la propia plataforma publica y la pericial. Pedir en el proceso la exhibición precisa, el reconocimiento judicial y el interrogatorio de la plataforma y apoyarse en la facilidad probatoria y, si es necesario, en la estimación judicial del daño, sin olvidar el daño moral.
JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA
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